• Rodrigo Aguilera

Carlos Gerard Debutó con 20 mil Votos y va por más en el #2024

PUERTO VALLARTA Jalisco.- (Especial para SIEMPRE LIBRES).- Platiqué brevemente en la sala de espera del aeropuerto con el empresario -y ahora político-- Carlos Gerard, él iba para Ensenada a abrir una sucursal de la "Dolce Vista" en tierras peninsulares y yo iba a la CDMX para conectar a El Dorado en Santa Fé de Bogotá, Colombia, asunto de un partido de futbol americano para el dos de octubre en aquellas tierras que luego les contaré.

Gerard se mostró muy satisfecho, como hombre de negocios que es, de números, pues, por los más de 20 mil votos que logró en la elección de pasado seis de junio compitiendo por las siglas del PRI-PAN.PRD.

Para darnos una idea en Vallarta el PAN obtuvo mil 500 votos, Gerard casi sus 20 mil aquí. El resultado lo pone a la par de Luis Munguía, por ejemplo, quien tiene una trayectoria en la grilla de casi 20 años.

Gerard. empresario, vallartense y con relaciones con los tres partidos más importantes a nivel nacional es una de las cartas a seguir hacia el 2024.




Burro Blancas, Alejandro Peña

y Gabriel García en la Mira por

Cuentas Sucias de Programas Sociales



La renuncia de Gabriel García Hernández a la Coordinación de los Programas para el Desarrollo representará una reducción de por lo menos 15 mil millones de pesos en los recursos que la 4T destina anualmente a su maquinaria electoral, provenientes de las gestiones que el ahora senador de la República realizaba con los gobiernos estatales.

Sin embargo, en Palacio Nacional están dispuestos a cargar con ese costo a cambio de afinar la efectividad de los apoyos sociales, los cuales fallaron en el objetivo de retener el control absoluto de la Cámara de Diputados, y en desaparecer a una oposición que tuvo la fuerza para ganar posiciones en plazas estratégicas como la Ciudad de México, así como en algunas de las localidades más importantes del país.

Entre diversos funcionarios de gobiernos estatales se asegura que García Hernández condicionaba apoyos para programas sociales en las entidades a que las administraciones locales pudieran participar con una aportación de las mismas dimensiones; es decir, si el costo de un programa de recuperación de espacios deportivos era de mil millones de pesos, el gobierno federal aportaría la mitad, siempre y cuando los estados participaran con sus respectivos 500 millones de pesos.

La operación de los recursos conjuntos correspondería a los llamados Siervos de la Nación, y la promoción e imagen de los programas también era exclusiva de la Secretaría del Bienestar, siempre con eventos en los que destacaban los colores del Movimiento Regeneración Nacional y en los que la presencia de los funcionarios estatales era reducida prácticamente al mínimo.

Pero hasta la labor recaudatoria de Gabriel García, considerada útil cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena empujaban desde la oposición un cambio de gobierno, fue calificada como un fracaso ante los números que arrojó la elección del pasado 6 de junio, en la que el partido en el poder, a pesar de adjudicarse en las urnas 11 gubernaturas, perdió a nivel nacional más de 4 millones de votos.

El relevo anunciado esta misma semana en el gobierno de la CDMX, con el arribo de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno de Claudia Sheinbaum, es un ejemplo de los cambios que el Presidente quiere hacer en su operación electoral. Las dudas que la jefa de Gobierno tenía para incorporar al aguerrido senador a su gabinete se disiparon tras una instrucción directa de Palacio Nacional, desde donde se tomaron ya las riendas de la estrategia para recuperar las alcaldías que se perdieron escandalosamente.

Para llegar a su nuevo puesto, Batres le vendió a López Obrador la experiencia adquirida en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrard, pues pocos morenistas integrantes del círculo presidencial cercano pueden presumir que obtuvieron resultados en el manejo de programas sociales siendo gobierno, cuando a lo largo de los años la labor había consistido principalmente en mantener con vida un movimiento de resistencia, en el que no resultaban necesarias la rendición de cuentas ni las mediciones.

De ahí que también haya decidido colocar en la Coordinación de los Programas para el Desarrollo a un perfil que, le aseguran, tiene la solidez técnica para entregar los resultados que se requieren de una inversión anual calculada en 300 mil millones de pesos. Hablamos del exsecretario Técnico del Gabinete, Carlos Torres Rosas, quien tiene entre sus cartas de presentación la virtud de ser amigo personal de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como ‘Andy’.

Con este nuevo equipo de operadores, López Obrador espera potenciar los resultados de los recursos que se reparten a través de apoyos principalmente a productores, madres solteras, adultos mayores y jóvenes desempleados.

A la vez, manda un mensaje a sus funcionarios de que el activismo político, e incluso la capacidad para generar aportaciones, sólo serán bienvenidos si se traducen de manera palpable en votos.

A finales de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó cinco días en su finca de Palenque. Ahí lo convencieron de visitar un Centro Integrador de Bienestar (CIB), una casa ubicada en la Séptima Avenida poniente, del barrio de Guadalupe, donde además de consultorio médico, farmacia, servicios educativos y acceso a los programas sociales insignia de la administración, había internet gratuito y un cajero automático del Banco del Bienestar.

Era uno de los 13 mil 500 que, conforme a lo planeado en la oficina de Gabriel García Hernández, entonces coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, se desplegaban por todo el país. El propio García Hernández informó que para el 27 de noviembre de aquel año ya había 11 mil de esos centros. En los hechos era una semiprivatización de la operación de programas sociales.

El proyecto de presencia territorial del gobierno lopezobradorista siguió un atropellado proceso. Para empezar, no estaba previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el Reglamento de la Secretaría del Bienestar ni en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual no fue incluido en el presupuesto.

Ante ello, hubo un primer intento de privatización, es decir, de entregar a un particular el contrato para instalar cajeros automáticos en las 13 mil 512 localidades e incluir la edificación de las instalaciones para alojar escritorios de atención de programas sociales y hasta 40 trámites; un consultorio médico, farmacia económica e internet público, entre otros servicios.

Conforme a lo dicho por el propio presidente el 3 de abril de 2019, contarían incluso con servicio de alimentación, hospedaje, actividades y talleres para estudiantes de comunidades pobres.

Dicho contrato, por 10 mil 800 millones de pesos, fue asignado a VivColmex, firma del empresario Alejandro del Valle, inicialmente asociado con el tabasqueño Carlos Cabal Peniche.

Los nombres relacionados con el plan cobraron relevancia en estos días por otros asuntos: Cabal Peniche obtuvo un amparo el pasado miércoles 7, unas 24 horas antes de que se liberara la orden de aprehensión por delitos fiscales contra Miguel Alemán Magnani, quien como los otros dos mencionados fue parte de una serie de operaciones poco ortodoxas relacionadas con Interjet, así como con la toma hostil del control de Radiópolis, la cadena de radiodifusoras que formaban Televisa Radio.

La implicación de Cabal Peniche en el contrato para instalar los CIB, vía los cajeros del Bienestar, fue expuesta el 3 de junio de 2020 por el columnista Darío Celis. El asunto llegó a la mañanera del 14 de junio, cuando López Obrador se desmarcó de cualquier relación con Cabal Peniche, productor bananero que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue beneficiario de la privatización de los bancos Cremi y Unión, los que luego quebró, acogiéndose al Fobaproa.


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