• Rodrigo Aguilera

Condenable Violencia


GUADALAJARA, Jalisco.- (Especial para SIEMPRE LIBRES) El enfrentamiento de dos brigadas de los partidos Verde y Movimiento Ciudadano en Puerto Vallarta se llevó toda la atención de redes sociales y espacios informativos en esta, apenas la cuarta jornada de la campaña hacia la votación del seis de junio.

El coordinador de la campaña del Verde, Juan Carlos Castro Almaguer, resultó personalmente involucrado en los hechos de violencia en Ixtapa en los que inclusive su hija, la candidata a regidora ecologista Carla Almaguer resultó lesionada.

Si bien es imperdonable que una aspirante haya sido lesionada en los hechos lo es también que quienes mandan a los grupos de cada partido pongan a sus partidarios en ruta de colisión.

Los verdes no hacen pública su agenda y tampoco han solicitado por los canales oficiales las autorizaciones para el uso de espacios públicos.

Del lado naranja hay también elementos lesionados y el ahora sindico municipal también quedó como parte de quienes chocaron en lo que inició como contienda de porras y terminó a madrazos.

A pesar de ser un proceso en el que la conquista de la tierra y los espacios mediáticos y de redes va a subir en intensidad --como se ha vivido y se espera que suceda-- es un hecho que debe existir comunicación entre los cuartos de guerra de las y los contendientes para impedir que lo que se dio ayer vuelva a repetirse.

Las pasiones de los brigadistas, el nivel de tierra de las campañas tiende a desbordarse fácilmente y es inconcebible que desde un nivel como el que tiene Castro Almaguer en la estructura del Verde sean parte de hechos que causan rechazo entre el electorado.

Ya se habían registrado conatos de enfrentamientos el domingo primer día de inicio de las campañas cuando llegaron Verdes y Naranjas al crucero de la terminal marítima.


Autoridad Electorales

de Carísimo Adorno



Ante lo acontecido, las autoridades electorales que operan en Vallarta, muy bien pagadas por nuestros impuestos, también debe asumir su papel de árbitro e impedir que la campaña por la alcaldía y por el puerto como cabecera de los distritos federal y local se torne en una pelea de barras a las afueras del estadio.

Gobierno del Estado

¿Ausente También?


Las campañas proselitistas en marcha y los comicios del domingo 6 de junio del 2021 serán muy complejos en Jalisco y tanto las autoridades electorales -estatal y federal-, como los partidos políticos y sus candidatos, enfrentarán retos muy difíciles, particularmente en el ámbito de la seguridad pública, que es muy frágil en la mayoría de las regiones de la entidad.

Por eso es incomprensible que habiéndose iniciado el pasado domingo 4 de abril del 2021 las campañas electorales, el gobierno de Jalisco todavía no haya convocado a una mesa permanente de diálogo y seguimiento del proceso, con la presencia de todos los partidos políticos, de las autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal y de la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la entidad, para monitorear los problemas de inseguridad, que indudablemente afectarán las actividades proselitistas, debido a la presencia siniestra del más fuerte y peligroso cártel delictivo del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene su centro de operaciones en el Occidente del país.


Este martes 6 de abril del 2021 el dirigente estatal del PRI en Jalisco, Ramiro Hernández García, reprochó a la autoridad estatal que no hubiese convocado a esta mesa permanente de diálogo y seguimiento a las actividades electorales en la entidad, para monitorear puntualmente el desarrollo del proceso en todas las regiones de Jalisco.


Y reiteró que el PRI no postuló candidatos en los municipios de Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores, en el sur de Jalisco, porque no hay garantías de seguridad para las actividades proselitistas. Aclaró además que algunos otros aspirantes a cargos de elección popular de su partido han sido víctimas del acoso de la delincuencia, aunque por seguridad de los afectados prefiere no dar a conocer sus nombres y ubicación para no exponerlos a represalias.


Una observación detallada de los 20 distritos electorales de Jalisco nos permite observar que el problema delictivo es igualmente grave en la Zona Norte, en la Región Valles, en la Región de la Ciénega, en Los Altos de Jalisco, en las regiones Sierra Occidental y Sierra de Amula, en el Sur y Sureste, y en las colonias periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto.


El problema es verdaderamente serio y no debería ser desestimado ni tomado a la ligera por la autoridad estatal, que si no cuenta con la fuerza suficiente, tendría que pedir respaldo de la Guardia Nacional, del Ejército y de La Marina Armada de México.


De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco, la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Juan Enrique Ibarra Pedroza, es la responsable atender los asuntos de política interior e intervenir en las funciones electorales conforme a las disposiciones de ley.


Con la ventaja de que Ibarra Pedroza es el colaborador del gobernador Enrique Alfaro Ramírez con mayor experiencia en asuntos políticos y experto en elecciones, que en mucho podría contribuir a establecer estrategias que ofrezcan seguridad a los candidatos que están en la contienda.


Ibarra Pedroza conoce mejor que la mayoría de los políticos locales las regiones de Jalisco, pues en su larguísima trayectoria pública de más de cuatro décadas, puede ubicar con mayor claridad los problemas y su gravedad en cada una de las regiones de la entidad. Por su madurez y experiencia, tiene las características que se requieren para tan delicada tarea de coordinación en materia electoral.


Además de brindar seguridad a los candidatos en campaña e investigar las eventuales acechanzas o amenazas de las cuales pudieran ser objeto, el gobierno de la entidad tendría que coordinarse muy estrechamente con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que preside Guillermo Amado Alcaraz Cross, y con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en la entidad, Carlos Manuel Rodríguez Morales, para ir preparando la logística, primero para la selección y capacitación del personal electoral en todo el estado y, segundo, para coordinar la instalación de las casillas electorales, pues está claro que en algunas regiones de Jalisco se requerirá el apoyo y cuidado de la fuerza pública o del Ejército.


Es comprensible, aunque nunca justificable, que el gobernador Alfaro Ramírez tenga inclinación por favorecer a Movimiento Ciudadano, partido que lo llevó a la gubernatura de Jalisco, pero los imperativos jurídicos y éticos que le impone su cargo y responsabilidad como mandatario, le obligan a procurar el mejor clima posible para que existan garantías de seguridad y de una justa competencia para todas las fuerzas políticas presentes en la entidad.


Las autoridades electorales de Jalisco prevén instalar 10 mil 153 casillas para la jornada electoral del 6 de junio, de las cuales 3 mil 602 serían básicas, 6 mil 207 contiguas, 42 especiales y 302 extraordinarias. Mucho de este trabajo tendrá que realizarse en regiones remotas del estado, lo que implica riesgos serios para los trabajadores de los institutos electorales local y federal.


Hay tiempo para que se tomen la previsiones necesarias, pero es importante que en el monitoreo del proceso haya coordinación entre el gobierno estatal, las autoridades electorales, los partidos políticos y los candidatos. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de la entidad no ha convocado a esa mesa especial de trabajo, coordinación y seguimiento, para anticipa o prevenir riesgos.

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