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LOS PARQUÍMETROS INTELIGENTES Y LA VERIFICACIÓN VEHICULAR

  • Foto del escritor: Ruben Gómez Bernal
    Ruben Gómez Bernal
  • 12 ago
  • 3 Min. de lectura

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La polémica sobre la verificación vehicular en Jalisco y la propuesta de semáforos "inteligentes" en el Centro de Puerto Vallarta guardan paralelismo, a pesar de sus diferencias. Ambos temas, aunque dispares en su naturaleza —uno mecánico y el otro tecnológico—, comparten características análogas que los hacen impopulares y, en última instancia, ineficaces para resolver los problemas que pretenden abordar. La ciudadanía percibe en ambos casos una medida recaudatoria más que una solución genuina.

 

La verificación vehicular, impulsada con vehemencia por el gobernador Enrique Alfaro, se vendió como herramienta para mejorar la calidad del aire.Se prometió que los recursos recaudados se destinarán  a proyectos ambientales. Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora es un "jarabe de pico". No hay evidencia de que los fondos de los verificentros hayan financiado alguna obra o iniciativa para el medio ambiente.

La falta de transparencia sobre el destino de estos recursos ha generado desconfianza entre la población.

La única certeza es que los principales beneficiarios de este esquema han sido los concesionarios de los verificentros, cuyos bolsillos parecen ser el único "medio ambiente" que realmente se ha visto mejorado.

 

Esta "herencia maldita" de Enrique Alfaro se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para su sucesor, Lemus. La impopularidad de la medida lo obligó a ayudar a los ciudadanos de menor poder adquisitivo, con medidas como el permitir a los propietarios de vehículos tramitar sus placas, independientemente si pasaron o no la verificación.

Sin embargo, el parque vehicular de Puerto Vallarta sigue siendo obligado a someterse a un proceso que, según los "expertos" del gobierno, señalancontaminación del cielo vallartense.

 

Volviendo al caso de los semáforos "inteligentes" en el Centro de Puerto Vallarta presenta una analogía con la verificación vehicular, especialmente en lo que respecta a la concesión y la incertidumbre sobre su eficacia.

Se plantea una concesión por un periodo extraordinariamente largo de 30 años, sin que exista una certeza real de que esta inversión mejorará el flujo vehicular o impulsará la actividad comercial en la zona. Instalar este tipo de tecnología sin un estudio previo y transparente avalado por un proyecto que demuestre su viabilidad y beneficio, es un albur, un riesgo económico y urbano que recaería sobre los ciudadanos.

 

Si la verificación vehicular ha sido ampliamente catalogada como una medida meramente recaudatoria en beneficio de empresarios privados, ¿cómo deberíamos entonces calificar la propuesta de los semáforos "inteligentes"?.

 

MOTOCICLISTAS Y CONDUCTORES “DISCAPACITADOS DEL CEREBRO”

 

Los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad fueron concebidos con un propósito fundamental: facilitar el acceso y la movilidad de aquellos que enfrentan limitaciones físicas. Sin embargo, es habitual ver estos valiosos espacios ocupados por motocicletas y vehículos que no cumplen con los requisitos, lo que genera inconvenientes y dificultades para quienes realmente los necesitan.

 

La falta de conciencia cívica y educación se manifiesta en la obstrucción de los accesos a las banquetas destinados a personas con discapacidad  y que utilizan sillas de ruedas. Estos ejemplos se encuentran en todas partes de la ciudad, evidenciando una triste realidad: a pesar de ser un asunto de educación y respeto, la ausencia de aplicación rigurosa de la ley dificulta  la tarea de inculcar el respeto por estas normas.

 

Es lógico pensar que una multa por estacionarse indebidamente en estos espacios podría hacer que lo pensaran dos  veces a los infractores. La experiencia de tener que pagar una alta sanción económica por esta razón seguramente los haría buscar otros lugares para estacionarse.

 

Lamentablemente, la situación se agrava incluso en lugares privados. Los guardias de seguridad de plazas y centros comerciales, a menudo, han optado por no confrontar a los conductores infractores, tanto hombres como mujeres.Increíblemente, incluso algunas mujeres muestran una actitud prepotente cuando se les llama la atención por estacionarse en lugares reservados para personas con discapacidad.

 

Sin embargo, en los lugares públicos, la responsabilidad recae directamente en la autoridad. Es imperativo que las autoridades competentes actúen con firmeza y pongan fin a estas prácticas abusivas. La aplicación de la ley es crucial para restaurar el orden, garantizar la inclusión y asegurar que los espacios destinados a personas con discapacidad cumplan su propósito original, promoviendo así una cultura de respeto y empatía en la sociedad.

 

 
 
 

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