• Rodrigo Aguilera

Revisan Fraudes Alfaristas con el Fondo Covid-19


PUERTO VALLARTA Jalisco.- (Especial para SIEMPRE LIBRES).- Aunque el Hudson Bar “toma su lugar entre los grandes lugares del rock en vivo en Guadalajara” y ofrece una “variedad de cervezas artesanales”, según una búsqueda del sitio en Internet, fue usado por un grupo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno del estado para una reunión de trabajo que, posteriormente, fue facturada con recursos del fondo para atender la pandemia de Covid-19 que se creó en 2020.

El fondo se estableció en mayo del año pasado luego de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez solicitara al Congreso del Estado que le autorizara crear una partida especial para atender la emergencia sanitaria con el “objeto primordial de privilegiar la protección de la salud pública de los habitantes de nuestro estado”.

Así, se decidió asignar a la partida 4418 recursos que servirían para “diagnosticar y atender la pandemia de Covid-19, así como para implementar diversos programas que permitan restituir el ingreso de las y los jaliscienses más afectados por las restricciones de movilidad y actividades económicas”. El monto total de las reasignaciones sumó 3 mil 520 millones de pesos y se destinó a diferentes dependencias. En las adjudicaciones directas hechas en 2020 con recursos del fondo Covid-19 se favoreció a algunas empresas que han sido señaladas anteriormente por inconsistencias. También se acudió en varias ocasiones a un mismo proveedor con compras fraccionadas.

Entre las dependencias que contrataron a señaladas se encuentra el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco (SSJ), el cual privilegió con contratos que superan los 95.5 millones de pesos –de los 627.66 millones de pesos que se transparentan en el micrositio Transparencia Focalizada, habilitado para dar claridad sobre el gasto del fondo Covid– a dos empresas: Intermet y Praxair. Las dos tienen un pasado y presente dudoso.

La primera ha sido constantemente señalada por acaparar el mercado junto con su firma hermana Impromed. Esta última fue sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2020 por un acaparamiento de las licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) junto con otras empresas. Ninguna de las dos está inscrita ante el Registro Público de Comercio.

Jorge Enrique Hermosillo, quien ha fungido como representante legal de ambas, es hermano de Gerardo Hermosillo, actual director de Impromed; sin embargo, hay contratos firmados ante el IMSS que dan constancia de que Enrique llegó defender, a la par de representar, a Intermet en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en Zapopan (expediente 610/2012) ante una de las varias demandas que hay en contra de esta empresa.

Aunado a esto, Jorge Enrique Hermosillo llegó a tener más contratos con el estado, pero bajo una tercera firma. En 2019 firmó como representante legal de la empresa Dilabim un contrato con el DIF Guadalajara. Esta empresa también se dedica al ramo de la venta de insumos para laboratorios al igual que Intermet e Impromed.

En el caso de Praxair, que facturó 19.39 millones de pesos por la venta de gases medicinales para hospitales Covid-19, fue sancionada en junio de este año con 237.87 millones de pesos por prácticas monopólicas y no cumplir compromisos ante la Cofece; el proceso de investigación dio inicio desde 2014.

El mercado nacional de los gases medicinales es acaparado por dos empresas, de acuerdo con una revisión a varios contratos que el IMSS y los estados registraron ante Compranet: Praxair e Infra. Sin embargo, sólo la primera fue sancionada por la Cofece y, aun así, el gobierno del estado le entregó por adjudicación directa seis contratos.

ADMINISTRACIÓN FAVORECE A UN PROVEEDOR

Dentro del presupuesto de 100 millones 921 mil pesos que le tocó ejercer a la Secretaría de Administración de la partida especial para la atención de la pandemia de Covid-19, hasta 16 por ciento se destinó a un solo proveedor con nueve adjudicaciones directas.

Se trata de Ernesto Ramón Ruiz Zamora, a quien se le pagaron 16 millones 79 mil pesos para la contratación de choferes que operaron el transporte de Conexión Médica, programa habilitado desde abril de 2020 por el Ejecutivo para el traslado gratuito del personal de salud durante la contingencia.

El empresario participó en el pasado proceso electoral como candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT).

Según lo publicado en la página para transparentar los gastos de Covid-19, el servicio fue solicitado por la Secretaría de Transporte (Setran). Su costo mensual se fijó en un millón 663 mil 440 pesos para la contratación de 60 choferes, quienes operan 24 unidades tipo van y tres camiones de pasajeros propiedad del gobierno estatal.

Dentro de la contratación no se incluyó los uniformes de los operadores, pues la Setran adquirió camisetas y gorras para ellos. Además, hizo compras para la sanitización de unidades y su rotulación, y las equipó con mamparas; también instaló señalización en las paradas de este transporte.

En todo ello se gastó otro millón 968 mil pesos y todo se hizo vía adjudicación directa. De esta manera, el programa tuvo un costo total de 18 millones 047 mil pesos.

Para la sanitización de unidades la compra se hizo con un solo proveedor: Ez Clean Soluciones Ambientales, el cual ganó ocho adjudicaciones directas y una más para dotar al transporte de insumos de higiene. Los demás productos se compraron con otras dos empresas, aunque también de manera fraccionada: Best Multiservicios Gráficos y Tagleblinder.

El programa continúa en operación este año.

CONCENTRAN COMPRAS, PERO FRACCIONADAS

En la lista de adquisiciones también se pudo confirmar que hay proveedores que lograron concentrar compras, pero de manera fraccionada. Muchos de quienes vendieron al gobierno del estado son personas físicas.

Un ejemplo es el proveedor Jorge Alejandro Gascón Alvarado, quien aparece en 12 contratos diferentes que suman más de medio millón de pesos en productos para la Setran, especialmente cubrebocas. Según el perfil de LinkedIn de esta persona, desde hace siete años trabaja para la empresa Tierra y Armonía, la cual es propiedad de familiares del gobernador Enrique Alfaro.

Hay otros casos de montos más altos para un solo proveedor, pero en diferentes compras. Un caso es el de la empresa Grupo Distribuidor Medicam, SA de CV, a la que se le adjudicaron de manera directa 22 contratos que suman 10.5 millones de pesos.

Uno de los contratos que llama la atención es el de la empresa de comunicación Indatcom, a la que se asignaron 5 millones 293 pesos para difusión de las acciones de prevención y acciones del gobierno; sin embargo, esta empresa ya trabaja para el gobierno del estado y tan solo en 2020, un año en que muchas de las actividades del gobierno estatal se suspendieron, cobró 49 cheques que sumaron más de 29 millones de pesos.

Se reveló que un fondo de la partida Covid-19 se usó para comprar hamburguesas, cafés de Starbucks, comida en bares y pruebas personales de detección de Covid-19 en laboratorios privados.

Los recursos del fondo también se ejercieron vía adjudicación directa, lo que causó que se comprarán insumos más caros en Jalisco en comparación con otros estados.

Al cuestionarle lo anterior, el mandatario estatal se negó de nuevo –lo hizo primero el lunes– a explicar cómo se ejerció el dinero del fondo Covid, el cual superó en 2020 los 3 mil millones de pesos.

“Es mi derecho el establecer que no vamos a contestar a preguntas que ya contestamos en donde no hay nada más allá del ánimo de generar un problema donde no lo hay (…) Más adelante el diario, en otro momento, (podría) preguntarle a la contralora (Teresa Brito Serrano) cómo van los temas que le corresponden a ella, con mucho gusto lo podemos hacer. En esta rueda de prensa nos vamos a concentrar en los temas que existen, que son aún los difíciles, aún los duros, pero no inventos. Entonces, es mi postura”, afirmó.

A la par, el mandatario impidió a la Contraloría del Estado indicar qué indicios observó para abrir un expediente de investigación en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) por el gasto del fondo Covid. Lauro Rodríguez

Hubo estudios de mercado en compras: SSJ

El OPD Servicios de Salud Jalisco afirmó que en todas las compras vía adjudicación directa de pruebas de detección de Covid-19 hubo estudios de mercado para elegir a los mejores proveedores

“Atendiendo a las circunstancias en las que se encontraba el estado ante la pandemia y derivado de un exhaustivo análisis de mercado, se optó por el proveedor que en ese momento ofertaba las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y costo”, aseguró en un comunicado

El OPD añadió que se han hecho cuatro compras de pruebas PCR, tal como lo describió NTR ayer, a la empresa Intermet. En total se adquirieron 29 mil 468 muestras y un contrato abierto para el Hospital Ángel Leaño en el que no se especifica cuántas pruebas se financiaron, En total, se gastaron 76.19 millones de pesos

De igual forma, confirmó el gasto de 39.55 millones de pesos en 56 mil pruebas rápidas de anticuerpos compradas a Mapore, así como dos compras de 210 mil pruebas rápidas de antigenos a la empresa Abalat por 32.7 millones. Esto último no está transparentado en el sitio de transparencia focalizada

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