PUERTO VALLARTA, Jalisco.- (Especial para SIEMPRE LIBRES) El Gobierno de Jalisco informó que han sido notificados de la admisión de cuatro amparos promovidos en contra del nuevo programa de verificación vehicular, la administración estatal refirió que no han sido notificados respecto al recurso obtenido por el abogado Francisco Javier Becerra, quien afirmó obtuvo la medida favorable emitida por el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Estado.
En el texto el Gobierno de Jalisco afirma que el programa de verificación tiene como objetivo defender el derecho a un aire limpio de los jaliscienses y que es un asunto de salud pública, por lo que los juicios de amparo que se promuevan en su contra serán defendidos por el área jurídica del Gobierno de Jalisco en todas sus instancias y hasta sus últimas consecuencias. Pero los juzgados lo ven de otra forma.
Según la versión del litigante que promovió los amparos la medida que le concedieron sólo lo protege a él, que lo promovió, pero dijo que está asesorando alrededor de 300 personas para replicar el proceso. Comentó que si se conceden 5 amparos sobre la misma materia se creará jurisprudencia con lo que podría aplicarse a cualquier persona que se inconforme.
Otro asunto grave sacó en su comunicado el gobierno de Jalisco al airearse la venta de hologramas por parte de coyotes, la Secretaría de Medio Ambiente presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, en contra de quién o quiénes resulten responsables de ofrecer en redes sociales los comprobantes de verificación apócrifos.
Todo esto luego de que el juzgado segundo en materia administrativa del Estado otorgó un amparo promovido en contra de las multas por no cumplir con el nuevo esquema de verificación vehicular que inició el pasado primero de agosto.
Fue el abogado Francisco Javier Becerra, el primero en obtener esta suspensión y comentó que decidió buscar la protección de la justicia con el argumento de que la sanción es excesiva (13 mil pesos) y considerar que el programa tiene fines recaudatorios más que de protección ambiental.
El litigante explicó que la medida concedida sólo protege a quien lo promovió, pero dijo que está asesorando alrededor de 300 personas para replicar el proceso y acceder al recurso. Comentó que si se conceden 5 amparos sobre la misma materia se creará jurisprudencia con lo que podría aplicarse a cualquier persona que se inconforme.
“Con esto no se puede aplicar el acto de autoridad, es decir no me pueden aplicar la multa o exigir el holograma de verificación. En este caso debo traer copia de la sentencia para el caso de que me detengan para querer infraccionarme. Estoy por iniciar con el proceso de 300 amparos más. Si se logran 5 fallos consecutivos en el mismo sentido vamos a generar la jurisprudencia que serviría como precedente para quien se inconforme”, dijo.
El abogado consideró que, debido a la actual carga de trabajo en juzgados, el trámite de la ola de amparos demoraría un poco; pero dijo confiar en que se resuelvan este mismo año; antes de que empiecen aplicarse las infracciones por no verificar.
Añadió que la imposición de permisos para la circulación de automóviles con placas foráneas también es materia para promover amparos pues viola los principios constitucionales de libre tránsito en el país. Comentó que las autoridades estatales ya fueron notificadas del recurso que obtuvo.
“No estamos en contra de tener un medio ambiente saludable, de lo que estamos en contra es de que este programa es un negocio de algunos y meramente recaudatorio”, expuso.
Los amparos se suman a la serie de recursos legales interpuestos contra el nuevo esquema de verificación vehicular promovidos por los propietarios de talleres.
La multa por no verificar aplicará hasta 2022 y el monto se definirá en la ley estatal de ingresos. El año pasado, cuando se pretendía iniciar el programa, se proyectó que la sanción máxima sería de casi 13 mil pesos.
El afán recaudatorio
Desde que se constituyó el Estado, al prescindirse del honor de representar a los ciudadanos y convertirse en empleado de ellos, surgió la necesidad de obtener de estos recursos para pagar los emolumentos, los sueldos de quienes les prestaban sus servicios.
Entonces se establecieron leyes para obligar a los ciudadanos a pagar impuestos para que el Estado cumpliera con sus funciones de Ente Público y les regresara esos ingresos mediante el otorgamiento de distintos servicios directos como seguridad, salud, educación, vialidades, e indirectos como transporte, registros, censos y los demás que usted pueda necesitar.
El equilibrio se rompe cuando el Gobierno al recaudar descuida la pulcritud en la administración de los fondos que le son ajenos y paga sueldos desproporcionados a sus empleados, o simplemente los destina a otros fines que no son aquellos que integran el abanico de servicios que debe prestar el estado.
Se desvían recursos y no se proporcionan escuelas, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, saneamiento de cauces y lechos de ríos, presas, lagos y lagunas, y entonces no está cumpliendo con sus funciones y ocasiona no solo la desconfianza y el descontento de sus gobernados, sino que genera la protesta que conlleva la evasión porque nadie quiere pagar voluntariamente algo que sabe que no se va a destinar para los fines que fue creado sino para otros marcados por la deshonestidad.
El Gobierno se vuelve contra sus propios ciudadanos buscando no solo hacerles cumplir con sus obligaciones, que en México están constitucionalmente establecidas en el artículo 31 fracción IV de la Constitución, sino que ejerce facultades de fiscalización y de imposición de sanciones a los omisos y evasores.
Pero ahí no paran las cosas; como los ingresos obtenidos no son suficientes gracias a la evasión de los obligados y a la desviación de los administradores deshonestos, entonces el Estado busca otra forma de obtener ingresos; o puede recurrir a los empréstitos que necesariamente deberá pagar con una cuota de premio, es decir los intereses, sea que provengan de entidades privadas o públicas o fuentes de financiamiento internacionales, o lo más fácil, que es recaudar más a costa de los gobernados.
Es impopular esta última medida pero resulta absolutamente necesaria para compensar el daño causado tanto por la evasión como por la desviación, ambas conductas totalmente reprobables.
En México pagamos impuestos por coacción no por convicción; pagamos por el miedo a ser enjuiciados, encarcelados por omitir el pago del impuesto pero no los pagamos porque vemos que el Gobierno nos devuelve cada peso que le pagamos en obras de infraestructura, transporte subvencionado, alimentación subvencionada, seguridad, salud, educación, agua, aseo público, luminarias.
Eso ocasiona la reticencia al pago del impuesto, la desconfianza porque no se ve que vayan a destinarse adecuadamente y solo vengan a mejorar las condiciones de quienes trabajan para nosotros en la administración pública y que sin embargo se consideran dueños de nuestros ingresos y de nuestro patrimonio olvidándose que son empleados, de mayor o menor categoría pero al fin empleados nuestros y nos tratan con la punta del pie.
Si a eso le agregamos que quienes han sido traidores a su palabra y se han aprovechado de su empleo público para enriquecerse a costa de todos los que en mayor o menor medida pagamos impuestos, el descontento con las nuevas recaudaciones es evidente y totalmente explicable.
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